La Sala Constitucional mediante Voto 2015-18946, de las once horas y dos minutos del dos de diciembre de dos mil quince, ante consulta judicial facultativa de constitucionalidad, formulada por la Jueza de lo Contencioso Administrativo Rosibel Jara Velásquez, por voto de mayoría de los magistrados Ernesto Ginesta L. (redactor), Fernando Cruz C., Paul Rueda L., Luis Fdo. Salazar A., Fernando Castillo V., Nancy Hernández L., con voto salvado del magistrado suplente José Paulino Hernández G., declaró que los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (N° 8754) no violentan normas constitucionales.
La citada normativa, permite que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), puedan iniciar proceso contra una persona cuando tengan elementos suficientes para considerar que el patrimonio no tiene origen lícito. El objeto del proceso, es darle oportunidad a quien ostente los bienes que demuestre que son provenientes de causa lícita, caso contrario procede el comiso a favor del Estado.
Más allá de lo escueto que pueda resultar la normativa y que haya superado el filtro de constitucionalidad, es un espaldarazo a quienes confían en el proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio (N° 18964).
Por otro lado, las respuestas son en proporción y acorde a lo consultado. En el caso, se evidencia que las dudas se fundamentaron principalmente por eventuales violaciones a principios y garantías de naturaleza penal, pese a que lo concerniente a capitales emergentes (extinción de dominio) no se rige por esta materia. No queda más que estar pendientes sobre otro tipo de acciones de constitucionalidad basadas en enfoques distintos. Particularmente valdría la pena escuchar civilistas sobre esta materia.